Exigimos que se retire la concesión de Aguakan y actuaremos jurídicamente para concretarlo

CAMN.- Denunciamos las prácticas corruptas en el estado de Quintana Roo en relación a la privatización del agua por parte de las autoridades municipales y del orden estatal durante la administración de Roberto Borge donde se consumó la privatización en el servicio de abastecimiento del vital líquido en el municipio de Solidaridad con cabecera en Playa del Carmen a través de una concesión ilegal hasta el año 2053 en beneficio de la empresa privada Aguakan.

El proceso de privatización del agua en Playa del Carmen, aprobado por el cabildo de Solidaridad y ratificado por los Diputados de la XIV Legislatura, sin embargo, el procedimiento violó el debido proceso jurídico y reglamentario establecido en el bando municipal de Solidaridad, mismo que establece la normativa basada en la autonomía municipal, por lo que existen fundamentos legales para retirar la concesión otorgada.

Es importante precisar que la privatización del agua en Solidaridad de Quintana Roo fue encabezada por Roberto Borge y su operador financiero, Juan Pablo Guillermo, pero requirió de la aprobación de todos presidentes municipales y sus respectivos cabildos. Entre ellos destacan los munícipes de la administración (2013-2016) Mauricio Góngora (Solidaridad), Paul Carrillo (Benito Juárez), Elías Abuxapqui (Othón P. Blanco), Gabriel Carvallo (Felipe Carrillo Puerto), Agapito Magaña (Isla Mujeres), David Balam (Tulum), Juan Manuel Parra (JMM), Luciano Zimaca (Lázaro Cárdenas), José Contreras (Bacalar) y Rosario Ortiz, oficial mayor durante el gobierno borgista.

Imagen: Diario de Quintana Roo

De igual forma, los cabildos de los municipios de Benito Juárez (Cancún) y de Isla Mujeres extendieron su concesión a dicha empresa Aguakan hasta el mismo año 2053, misma que comenzó desde el año de 1993 donde se ha brindado un servicio mediocre y con tarifas excesivas a la población.

Aunado a la privatización del agua en los tres municipios mencionados,  la empresa paraestatal, Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) fue desfalcada en el sentido financiero y en su infraestructura, misma que fue entregada y desarrollada con dinero del Estado, pero ahora está en posesión de la empresa Aguakan.

Ante esta situación de despojo es urgente organizarnos para desarrollar una estrategia jurídica para cancelar la concesión de la empresa Agukan a través de un amparo colectivo que permita devolver la administración del vital líquido a las instituciones del Estado. El objetivo es disminuir las tarifas y establecer en la realidad lo que estipular la ley sobre el acceso al agua como un derecho humano, como lo señala la Constitución y en los tratados internacionales, sin embargo, la empresa Aguakan corta el suministro ante el impago y ejerce embargos a los usuarios que no pueden solventar las altas tarifas.