Vamos por amparo masivo en Playa del Carmen en contra de Aguakan

CAMN.-La privatización del agua en Quintana Roo es inaceptable. No podemos permitir que se continúe utilizando nuestro vital líquido como mercancía y mucho menos permitir que Aguakan actúe como la cara de corrupción para imponer altos cobros en las tarifas del agua y además violar los derechos de todos los habitantes al condicionar el suministro de agua a cambio de mediocre servicio.

Es literalmente un robo y una vergüenza que nosotros continuemos permitiéndolo. No más, este año 2017 es la despedida de esta estela de corrupción que ya se apoderó del agua en Quintana Roo.

Es por estas razones que convocamos a la ciudadanía del municipio de Solidaridad (Playa del Carmen), Quintana Roo a unirse a la estrategia jurídica en contra de la empresa Aguakan, concesionaria responsable del servicio de abastecimiento de agua potable después de una polémica privatización del servicio en el año 2014 y prospectada hasta el año 2053.

La empresa Aguakan opera de igual forma en los municipios de Benito Juárez e Isla Mujeres desde el año 1993 y de igual forma fue extendida su concesión hasta el año 2053 a pesar de ofrecer un servicio deficiente en perjuicio de los ciudadanos quintanarroenses.

El modo en el que se privatizó el servicio de abastecimiento de agua potable ha incurrido en diversas violaciones al marco jurídico nacional y de igual forma viola los tratados internacionales en materia de derechos humanos.

El acceso al agua es un derecho inalienable establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sin embargo, Aguakan viola la ley al ejercer cobros irracionales a los usuarios y para rematar, corta el suministro a todos aquellos hogares que incumplen el pago mensual que en ocasiones representa una tarifa muy elevada para el ingreso medio de las familias.

Aunado a la violación de la ley, la empresa Aguakan cobra Impuesto al Valor Agregado (IVA) sobre las tarifas del agua y en ocasiones lleva a litigio jurídico el cobro de los exorbitantes cobros, ejerciendo embargos a las familias del estado.

Durante la campaña electoral municipal de Cristina Torres y del actual gobernador del estado, Carlos Joaquín González, ambos se comprometieron a retirar la concesión a la empresa Aguakan por ser una de las demandas más sentidas de la población, sin embargo, no han hecho nada.

En ese contexto y ante la omisión del “gobierno del cambio”, proponemos una estrategia jurídica a través de un juicio de amparo colectivo para obligar a las autoridades a actuar de manera expedita en contra de los abusos de Aguakan en evidente violación de los derechos humanos de los quintanarroenses.

Es imperante unirnos y convocar a todos los solidarenses de Playa del Carmen y de Puerto Aventuras a unirse a través de su firma para concretar el proyecto legal que terminará con la privatización del agua en Quintana Roo. La convocatoria es para el siguiente martes 13 de junio de 2017 frente a la explanada del Municipio de Solidaridad.